EL BÚHO DE MINERVA
Diego Márquez Castro
La intolerancia sigue asomando su grotesco rostro en los escenarios políticos venezolanos. Hay un discurso cuyos patrones se repiten una y otra vez. Un discurso que insiste machaconamente en el ataque visceral a todo aquel que no ha hipotecado y alienado su vida y su pensamiento a un individuo. Un discurso que se centra en descalificar al contrario llegando a niveles de abyección moral. Un discurso soportado en la mentira de proyectar un país y una sociedad que en la realidad del día a día no existe. Un discurso que desde su intolerancia a la diversidad y a la diferencia no duda un instante en amenazar al otro, al adversario devenido en enemigo, con la exclusión, la violencia, la fuerza. Es ciertamente la intolerancia que practican los fanáticos y los fundamentalistas…
La intolerancia puede revestir formas de marginación de grupos vulnerables dentro de la discriminación contra ellos. Desde la práctica política un Estado puede dictar leyes que aun cuando se enuncien como favorecedoras de una mayoría, su aplicación deviene en atropellos a derechos reconocidos y consagrados no solamente en la Constitución sino por documentos suscritos internacionalmente. Uno de ellos es la Declaración de principios sobre la tolerancia, de la Organización de las Naciones Unidas, firmada por Venezuela y una diversidad de países miembros el 16 de noviembre de 1995. Vale decir que ese importante documento no es letra muerta y quienes lo firmaron contrajeron el compromiso de observarlo en la práctica en todas sus partes.
Frente a la intolerancia, que tanto mal ha generado al ser humano, y por desgracia todavía sigue manifestándose, esta declaración señala: “En el mundo moderno la tolerancia es más esencial que nunca. El mundo se caracteriza por su diversidad”. Por otra parte advierte con preocupación que “la intensificación de la intolerancia y de los conflictos representa una amenaza potencial”. Por esa razón enarbola la bandera de la tolerancia como “una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y de las libertades fundamentales de los demás”. Asimismo recuerda que “la tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho; supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo. En el ámbito estatal, la tolerancia exige justicia e imparcialidad en la legislación, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo”. Por eso, en el caso venezolano, se manifiestan altos grados de práctica de intolerancia política no solamente cuando se agrede de hecho y de palabra al contrario y se le estigmatiza por su divergencia, sino cuando se politiza la justicia y se judicializa la política. Allí entra la perversidad como política de Estado.
La intolerancia puede ser derrotada por la decisión y la acción de los ciudadanos desde la sociedad civil, generando procesos de educación en el colectivo. A los efectos, la declaración urge a formar a la ciudadanía contra toda manifestación de intolerancia: “La educación es el medio más eficaz para prevenir la intolerancia. La primera etapa de la educación para la tolerancia consiste en enseñar a las personas los derechos y libertades que comparten, para que puedan ser respetados y en fomentar asimismo la voluntad de proteger los de los demás”. Todo lo cual implica que “la educación para la tolerancia ha de considerarse un imperativo urgente; por eso es necesario fomentar métodos sistemáticos y racionales de enseñanza”. En una nueva fase que conlleve al rescate de la democracia en Venezuela “las políticas y los programas educativos deben contribuir al desarrollo del entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos y entre los grupos”. Sólo así lograremos, como sociedad civil derrotar y erradicar a la intolerancia, sus actores y sus discursos violentos, si queremos legarle a las generaciones futuras una república vivible. “Ser libre, es poder y querer elegir, es vivir según su propia conciencia”. Es la vocación humana. Lo dijo Juan Pablo II.
La intolerancia puede revestir formas de marginación de grupos vulnerables dentro de la discriminación contra ellos. Desde la práctica política un Estado puede dictar leyes que aun cuando se enuncien como favorecedoras de una mayoría, su aplicación deviene en atropellos a derechos reconocidos y consagrados no solamente en la Constitución sino por documentos suscritos internacionalmente. Uno de ellos es la Declaración de principios sobre la tolerancia, de la Organización de las Naciones Unidas, firmada por Venezuela y una diversidad de países miembros el 16 de noviembre de 1995. Vale decir que ese importante documento no es letra muerta y quienes lo firmaron contrajeron el compromiso de observarlo en la práctica en todas sus partes.
Frente a la intolerancia, que tanto mal ha generado al ser humano, y por desgracia todavía sigue manifestándose, esta declaración señala: “En el mundo moderno la tolerancia es más esencial que nunca. El mundo se caracteriza por su diversidad”. Por otra parte advierte con preocupación que “la intensificación de la intolerancia y de los conflictos representa una amenaza potencial”. Por esa razón enarbola la bandera de la tolerancia como “una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y de las libertades fundamentales de los demás”. Asimismo recuerda que “la tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho; supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo. En el ámbito estatal, la tolerancia exige justicia e imparcialidad en la legislación, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo”. Por eso, en el caso venezolano, se manifiestan altos grados de práctica de intolerancia política no solamente cuando se agrede de hecho y de palabra al contrario y se le estigmatiza por su divergencia, sino cuando se politiza la justicia y se judicializa la política. Allí entra la perversidad como política de Estado.
La intolerancia puede ser derrotada por la decisión y la acción de los ciudadanos desde la sociedad civil, generando procesos de educación en el colectivo. A los efectos, la declaración urge a formar a la ciudadanía contra toda manifestación de intolerancia: “La educación es el medio más eficaz para prevenir la intolerancia. La primera etapa de la educación para la tolerancia consiste en enseñar a las personas los derechos y libertades que comparten, para que puedan ser respetados y en fomentar asimismo la voluntad de proteger los de los demás”. Todo lo cual implica que “la educación para la tolerancia ha de considerarse un imperativo urgente; por eso es necesario fomentar métodos sistemáticos y racionales de enseñanza”. En una nueva fase que conlleve al rescate de la democracia en Venezuela “las políticas y los programas educativos deben contribuir al desarrollo del entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos y entre los grupos”. Sólo así lograremos, como sociedad civil derrotar y erradicar a la intolerancia, sus actores y sus discursos violentos, si queremos legarle a las generaciones futuras una república vivible. “Ser libre, es poder y querer elegir, es vivir según su propia conciencia”. Es la vocación humana. Lo dijo Juan Pablo II.
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