EL BÚHO DE MINERVA
Diego Márquez Castro
La situación de crisis que experimenta la sociedad nuestra en los tiempos que corren que ha tocado fondo. En otros momentos del pasado, ante hechos de corrupción denunciados públicamente a través de los medios de comunicación social, la expresión usual del ciudadano era: “hasta adónde hemos llegado”; ahora el comentario generalizado que escuchamos en una multiplicidad de ambientes es: “hasta adónde hemos descendido”. Y es que para nadie es un secreto, salvo para quienes contemplan al país con una visión plana y reducida, que la crisis que padece Venezuela a la par de ser social, política y económica, es franca y dramáticamente moral.
Viene a colación esta afirmación no solamente por las turbulencias que han generado en el ambiente político las declaraciones de un ahora ex magistrado del Poder Judicial, quien a su vez tuvo igualmente poder efectivo e influencias presuntamente apoyadas, de acuerdo a sus declaraciones, por funcionarios públicos pertenecientes a las altas esferas gubernamentales y de los restantes poderes, sino porque es una situación de vacío moral que se siente y se percibe en el devenir diario y que se manifiesta no solamente al nivel de la cúpula mayor y las subcúpulas que como satélites giran en torno a ella, sino en todos los estratos de la sociedad venezolana. Lo del ex magistrado, como bien señalan algunos comentaristas, es simplemente la punta de un iceberg que amenaza con destruirnos como país y como sociedad. De esta crisis traducida en vacío se ha dicho que se manifiesta por la pérdida de los valores; en verdad los valores no desaparecen sino que en situaciones como la que padecemos como colectivo, de lo que realmente puede hablarse es de una inversión de valores en la cual los antivalores son convertidos en valores y viceversa, lo cual, por supuesto, nos habla de una sociedad en una condición moralmente anómala.
Así, pues, en estos tiempos de vacío moral, en un país como el nuestro, en el cual un número cada vez mayor de ciudadanos, cansados ya de esta quiebra y de sus devastadores efectos, con la luz de la esperanza en un futuro distinto para las nuevas generaciones, por encima de la especulación electorera de las encuestas, avizora un camino de paz, justicia y progreso que conduce hacia la recuperación de Venezuela, vienen muy a propósito unas reflexiones de Juan Pablo II contenidas en su carta encíclica El Esplendor de la Verdad mediante las cuales, luego de analizar los problemas generados por la crisis moral del hombre contemporáneo y proponer un marco de renovación en tal sentido, señala lo que sigue: “En el ámbito político se debe constatar que la veracidad entre gobernantes y gobernados; la transparencia en la administración pública; la imparcialidad en el servicio de la cosa pública; el respeto de los derechos de los adversarios políticos; la tutela de los derechos de los acusados contra procesos y cadenas sumarias; el uso justo y honesto del dinero público; el rechazo de medios equívocos o ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder, son principios que tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas de funcionamiento de los estados”. Habla no solamente el pastor de almas, sino el filósofo político, aquel que puede abordar un tema de esta naturaleza con autoridad, porque, como diría Platón: “sabe” y no manipula, como unos tantos por allí, discursos vagos y falaces, a la par de infelices, que tratan de justificar lo moral y éticamente injustificable. Finalmente advierte Juan Pablo II sobre los peligros que encarna el relativismo moral dentro del ámbito político, social y económico de cualquier sociedad, el cual puede “quitar a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola radicalmente del reconocimiento de la verdad. Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder”. Y eso conduce a un desastre moral.
Viene a colación esta afirmación no solamente por las turbulencias que han generado en el ambiente político las declaraciones de un ahora ex magistrado del Poder Judicial, quien a su vez tuvo igualmente poder efectivo e influencias presuntamente apoyadas, de acuerdo a sus declaraciones, por funcionarios públicos pertenecientes a las altas esferas gubernamentales y de los restantes poderes, sino porque es una situación de vacío moral que se siente y se percibe en el devenir diario y que se manifiesta no solamente al nivel de la cúpula mayor y las subcúpulas que como satélites giran en torno a ella, sino en todos los estratos de la sociedad venezolana. Lo del ex magistrado, como bien señalan algunos comentaristas, es simplemente la punta de un iceberg que amenaza con destruirnos como país y como sociedad. De esta crisis traducida en vacío se ha dicho que se manifiesta por la pérdida de los valores; en verdad los valores no desaparecen sino que en situaciones como la que padecemos como colectivo, de lo que realmente puede hablarse es de una inversión de valores en la cual los antivalores son convertidos en valores y viceversa, lo cual, por supuesto, nos habla de una sociedad en una condición moralmente anómala.
Así, pues, en estos tiempos de vacío moral, en un país como el nuestro, en el cual un número cada vez mayor de ciudadanos, cansados ya de esta quiebra y de sus devastadores efectos, con la luz de la esperanza en un futuro distinto para las nuevas generaciones, por encima de la especulación electorera de las encuestas, avizora un camino de paz, justicia y progreso que conduce hacia la recuperación de Venezuela, vienen muy a propósito unas reflexiones de Juan Pablo II contenidas en su carta encíclica El Esplendor de la Verdad mediante las cuales, luego de analizar los problemas generados por la crisis moral del hombre contemporáneo y proponer un marco de renovación en tal sentido, señala lo que sigue: “En el ámbito político se debe constatar que la veracidad entre gobernantes y gobernados; la transparencia en la administración pública; la imparcialidad en el servicio de la cosa pública; el respeto de los derechos de los adversarios políticos; la tutela de los derechos de los acusados contra procesos y cadenas sumarias; el uso justo y honesto del dinero público; el rechazo de medios equívocos o ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder, son principios que tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas de funcionamiento de los estados”. Habla no solamente el pastor de almas, sino el filósofo político, aquel que puede abordar un tema de esta naturaleza con autoridad, porque, como diría Platón: “sabe” y no manipula, como unos tantos por allí, discursos vagos y falaces, a la par de infelices, que tratan de justificar lo moral y éticamente injustificable. Finalmente advierte Juan Pablo II sobre los peligros que encarna el relativismo moral dentro del ámbito político, social y económico de cualquier sociedad, el cual puede “quitar a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola radicalmente del reconocimiento de la verdad. Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder”. Y eso conduce a un desastre moral.
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